España, Madrid
El titular del juzgado de lo Social número 31 de Madrid, Ricardo Bodas ha aplicado la Ley de Igualdad para declarar nulo el despido de una empleada de hogar embarazada al considerar que se discriminó «directamente» a la mujer por estar encinta. Según la sentencia que avanzaba ayer el diario 'El PaÃs', la mujer denunció a su empleadora al estimar que la causa de su despido fue «exclusivamente» por su condición de embarazada mientras que ésta sostuvo durante el interrogatorio que lo hizo por «la imposibilidad» por parte de la demandante de compatibilizar horarios.
Además, la empleadora sostuvo que la mujer a la que despidió, quien trabajó para ella desde el 2005 hasta diciembre del 2007, firmó un finiquito, por la cantidad de 899,74 euros, y consideró que «le liberaba de cualquier reclamación».
En este sentido, el juez asegura que el documento «no puede tener valor liberatorio al ser impensable que la demandante consintiera libremente extinguir su contrato por unas cantidades muy inferiores a las que le corresponderÃa percibir».
Aunque la demandante también apeló al Real Decreto 1424/1985, por el que se regula la relación del carácter especial del servicio del hogar familiar, el juez aplica la Ley de Igualdad. La sentencia afirma que dicha Ley establece «expresamente que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, pareciendo, evidente, a juicio de este juzgado que las normas que garantizan la igualdad de todos los españoles, debe incluir necesariamente a las empleadas de hogar».
Europegoodbye, considera como siempre cada caso es diferente, como cada ser humano es un mundo. Consultar siempre a los expertos en la materia.
El titular del juzgado de lo Social número 31 de Madrid, Ricardo Bodas ha aplicado la Ley de Igualdad para declarar nulo el despido de una empleada de hogar embarazada al considerar que se discriminó «directamente» a la mujer por estar encinta. Según la sentencia que avanzaba ayer el diario 'El PaÃs', la mujer denunció a su empleadora al estimar que la causa de su despido fue «exclusivamente» por su condición de embarazada mientras que ésta sostuvo durante el interrogatorio que lo hizo por «la imposibilidad» por parte de la demandante de compatibilizar horarios.
Además, la empleadora sostuvo que la mujer a la que despidió, quien trabajó para ella desde el 2005 hasta diciembre del 2007, firmó un finiquito, por la cantidad de 899,74 euros, y consideró que «le liberaba de cualquier reclamación».
En este sentido, el juez asegura que el documento «no puede tener valor liberatorio al ser impensable que la demandante consintiera libremente extinguir su contrato por unas cantidades muy inferiores a las que le corresponderÃa percibir».
Aunque la demandante también apeló al Real Decreto 1424/1985, por el que se regula la relación del carácter especial del servicio del hogar familiar, el juez aplica la Ley de Igualdad. La sentencia afirma que dicha Ley establece «expresamente que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, pareciendo, evidente, a juicio de este juzgado que las normas que garantizan la igualdad de todos los españoles, debe incluir necesariamente a las empleadas de hogar».
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